Propuesta del Gobierno de gravar con IVA del 19% a los juegos online sería devastadora, afirman empresas del sector

IVA a juegos de azar online haría que usuarios migren a plataformas ilegales: Asojuegos
16 septiembre, 2024
Preocupación en la industria de juegos online por propuesta de IVA del 19% en plataformas
16 septiembre, 2024

El aumento de costos para las plataformas legales incentivaría a los jugadores a migrar a plataformas ilegales, advierten.

La propuesta del Gobierno Nacional de gravar con un IVA del 19% a las plataformas de juegos de azar online, generó preocupación entre los operadores del sector.

Según Asojuegos, Asociación Colombiana de Operadores de Juegos, esta medida podría tener consecuencias devastadoras, no solo para la operación de los juegos legales en el país, sino también para la sostenibilidad de los recursos destinados al sistema de salud, que dependen en gran medida de las transferencias generadas por esta industria.

Asojuegos considera que el recaudo de $2,1 Billones por IVA, que presupuesta el Ministerio de Hacienda en estos juegos, es imposible. Según la asociación, la propuesta del Gobierno, donde estiman apuestas por 35.6 billones para el año 2023, no grava dinero real, sino créditos para participar en los juegos. Aclaran que los ingresos reales de los operadores, quienes tienen contratos con Coljuegos, fueron de 2,1 billones para el mismo año. Pretender aplicar un IVA que equivaldría al 100% de los recursos que manejan los operadores es completamente inviable.

En un comunicado enviado a medios de comunicación, los operadores de juegos describen cómo ha mejorado la contribución de su gremio a la salud de los colombianos, algo que se vería afectado con la implementación de un IVA del 19%.

“Desde que los juegos online fueron regulados en Colombia en 2015, su crecimiento ha sido notable, convirtiéndose en un modelo exitoso en América Latina. Según los datos más recientes, las transferencias de derechos de explotación al sistema de salud por parte de los operadores de juegos online pasaron de $3.496 millones en 2017 a $317.977 millones en 2023, con una cifra acumulada en lo que va del 2024 de $181.628 millones. Esto significa que en menos de una década, el aporte de esta modalidad ha crecido un impresionante 914%, contribuyendo significativamente al bienestar social del país”, señalan.

Actualmente, los operadores de juegos online en Colombia deben cumplir con una estricta regulación fiscal que incluye el pago de derechos de explotación, renta y otros impuestos, así como altos costos operativos relacionados con tecnología, marketing y publicidad. Del 100% de las Apuestas, el 93% se retorna al jugador, dejando un Margen Bruto real del 7% en promedio, con lo que se deben atender Derechos de Explotación, costos y gastos. Según la asociación, el modelo financiero no permitiría absorber un impuesto adicional sin afectar gravemente la operación, al punto de hacerla inviable.

“Si se aplica el IVA, el retorno al jugador se vería reducido del 93% a un 71%-75%, esto haría que los jugadores migren a plataformas ilegales o internacionales que no están sujetas a estas cargas fiscales, lo que incrementaría la informalidad y disminuiría los ingresos del sector”, aseguró Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos.

Otro aspecto crucial, según Asojuegos, es el impacto que tendría esta medida en la economía del país. Las empresas operadoras de juegos online en Colombia reinvierten gran parte de los ingresos reales del juego en el desarrollo tecnológico, generación de empleo y publicidad local, lo que contribuye al fortalecimiento de la economía. La introducción del IVA no solo haría inviable estas empresas, sino que también afectaría la competitividad del país, desincentivando la inversión extranjera en el sector.

A pesar de los retos, el gremio reiteró su compromiso con la transparencia fiscal y la lucha contra la ilegalidad en el sector y se muestra dispuesta a participar en mesas de trabajo con el Gobierno Nacional para encontrar soluciones que no perjudiquen la competitividad de los operadores legales ni afecten los ingresos que el sector transfiere a la salud.