Estas fueron las consignas del foro por la legalidad en el Capitolio

Publicado Sep 12, 2017



Estas fueron las consignas del foro por la legalidad en el Capitolio

Revisar las leyes para derogar las que afectan a los legales y no permiten combatir los ilegales, realizar un CONPES para revisar la regulación, estructurar una campaña sobre la cultura de la legalidad y finalmente, ejecutar un pacto nacional, fueron las consignas del sector empresarial que levantó su voz de alarma ante el Gobierno Nacional y entidades reguladoras contra la ilegalidad y la economía subterránea.

Representantes de  1000 empresas entre voceros de la Cámara Intergremial de Bienes y Servicios (Asopostal, Asoproval, Asotic, Acil, la Cámara Colombiana de Energía, FITAC y Asojuegos),  Asomóvil, Andesco y Asopartes, expusieron las cifras que representa este flagelo para sus empresas en las instalaciones del Capitolio.

El encuentro contó con la presencia de del viceministro del Interior, representantes de la Procuraduría, Fiscalía, DIAN, Policía Nacional, Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y Coljuegos. Quienes expusieron sus percepciones para dar insumos suficientes al Congreso de la República y trazar una hoja de ruta en contra de la ilegalidad.

La representante a la Cámara y citante del encuentro, Olga Lucía Velázquez, aseguró que 159 mil  empleos se pierden por contrabando al año y que en 20 años se pagaría deuda externa de no existir este flagelo. “Con este foro tendremos insumos para determinar qué normas ya no son útiles, cuáles son redundantes, cuáles se contradicen”, expresó la congresista.

El presidente de la Cámara Intergremial de Bienes y Servicios, Juan Andrés Carreño, manifestó la necesidad de generar un programa estructural de lucha contra la ilegalidad y que ataque directamente la economía subterránea, que además de afectar la economía nacional, es un destructor de empleo. Para el sector de juegos de suerte y azar, la cifra rodea los 800 mil millones de pesos en pérdidas a causa de la ilegalidad, mientras que los  aportes fiscales de los operadores llegan a 1.5 billones por año.

El presidente de Asopartes, Tulio Zuluaga, afirmó que el contrabando se lleva 2.850 millones de dólares, mientras que los vehículos robados y autopartes ilegales le cobran al país 680 millones de dólares. Zuluaga indicó que los aportes al país desde el mercado están por el orden de 6 billones de pesos.

La presidenta Ejecutiva de Asotic, GaléMallol, indicó que la ilegalidad equivale al 50% del mercado audiovisual. La piratería equivale a 100 millones anuales en su sector con detrimento fiscal de 1.3 billones de dólares. Por tal motivo hizo un llamado para proteger a los legales, considerando que estos cumplen con 160 reportes al año y la persecución no puede afectarlos.

La presidenta Ejecutiva de Asomóvil, Nancy Patricia, Gustavo Castañeda, expresó su preocupación por un millón de usuarios víctimas del hurto de celulares y la inflexibilidad de la regulación con los operadores y usuarios legales.

El ministro de las Tecnologías de la Información de la Comunicación, David Luna, expresó su completo respaldo a las iniciativas de los gremios e indicó que la importancia del foro, además de las propuestas desde el sector privado, es valorar la sanción social. “Si hay algo que le afecta a los delincuentes es la plata y la sanción social”.

La vocera de la Procuraduría, Adriana Córdoba Alvarado,  explicó que de acuerdo con la Encuesta Mundial de Valores, las principales justificaciones de la ciudadanía para no cumplir con la ley son la necesidad por proteger la familia, la impunidad y el pretender alcanzar un fin sin importar los medios.

El presidente de FITAC, Miguel Ángel Espinosa, aseguró que no hay una cifra estimada de cuánto dinero le roba la ilegalidad al sector logístico, pero en el primer semestre del año, debido a la desaceleración de la economía, las empresas del sector logístico se han visto obligadas a reducir su planta de personal y algunas de ellas al cierre de sus establecimientos.

Los promotores del encuentrofueron los integrantes de la Cámara Intergremial de Bienes y Serviciosen conjunto con Asomóvil  y A7, comprometidos sectorialmente con la transparencia y las buenas prácticas que mitiguen los efectos de la economía subterránea. Además, elforo se convirtió en un espacio en que asistentes y representantes de diversos gremios fueron escuchados ante el Gobierno Nacional y entidades de control, para unir esfuerzos y maximizar los efectos de las iniciativas en los que desenlace la supremacía de la legalidad.